El documento examina cómo los países de ingresos bajos y medios están trabajando para incluir a las poblaciones desplazadas por la fuerza en sus sistemas de protección social. Evalúa la cobertura legal y real en doce países, identifica barreras para el acceso y ofrece recomendaciones políticas para la inclusión. El documento enfatiza la importancia de la colaboración entre actores humanitarios y de desarrollo para abordar el desplazamiento prolongado y mejorar la autosuficiencia de las personas desplazadas.