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Esta sección le informa sobre noticias de actualidad importantes para la comunidad.
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De acuerdo con la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre el 1 de enero y el 4 de junio de 2025 se monitoreó el flujo migratorio mixto en el departamento de Santander, Colombia. En este periodo se identificaron 291 beneficiarios directos del proyecto DTM-WIFI, de los cuales el 88 % tenía nacionalidad venezolana. Este proyecto tiene como finalidad brindar acceso a internet a personas migrantes, refugiadas y comunidades de acogida, facilitando así su comunicación y acceso a información clave. A su vez, permite recolectar datos útiles que fortalecen la respuesta humanitaria, el seguimiento de los flujos migratorios y la formulación de políticas públicas.
En cuanto a la documentación declarada por los beneficiarios, el 46% contaba con cédula de identidad de su país de origen, el 24% poseía un Permiso por Protección Temporal (PPT), el 15% portaba un documento de extranjería y el 12% no contaba con documentación. Respecto a su estatus migratorio, el 63% de las personas se encontraba en condición irregular, mientras que el 37% afirmó tener un estatus regular conforme a la normativa vigente en Colombia.
Los motivos del desplazamiento fueron variados, aunque predominó la búsqueda de mejores condiciones económicas: el 38% señaló la falta de empleo y bajos ingresos como principal causa. A esta razón le siguieron la reunificación familiar (31%), la necesidad de acceder a servicios de salud (21%), el temor frente a situaciones de violencia (13%) y el interés por acceder a educación (12%). En cuanto al destino previsto, el 84% de las personas expresó su intención de permanecer en Colombia, mientras que el 16% planeaba regresar o trasladarse hacia Venezuela.
También resulta relevante destacar que los beneficiarios identificaron una serie de necesidades prioritarias, las cuales se presentan a continuación en orden de mayor a menor frecuencia: alimentación, protección, vivienda, servicios médicos o medicinas, empleo o ingresos, transporte humanitario, regularización migratoria, kits de higiene, atención psicosocial, educación, acceso a duchas y agua para consumo, reunificación familiar, información sobre programas sociales y asistencia legal.
A comienzos de 2025, la significativa reducción en el financiamiento impactó la implementación del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP), coordinado por la Plataforma R4V. Como resultado, se llevó a cabo un proceso de hiperpriorización a nivel regional que redujo la población objetivo de 2.3 millones a 577,700 personas, y ajustó el presupuesto proyectado de USD 1.4 mil millones a USD 447.3 millones. Durante el primer trimestre de 2025, solo una de cada tres organizaciones socias reportó mantener operaciones completas, y la cantidad de personas atendidas disminuyó en un 62 % respecto al mismo periodo de 2024.
En respuesta a esta situación, se implementaron las siguientes repriorizaciones: en el ámbito educativo, se concentraron los esfuerzos en garantizar el acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes (NNA) fuera del sistema, especialmente en Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago, mediante modelos flexibles como la plataforma Learning Passport y acompañamiento comunitario, mientras que se redujeron los programas de capacitación para actores locales. En seguridad alimentaria y nutrición, se priorizó la asistencia directa a personas en movilidad y comunidades vulnerables mediante canastas básicas, comidas calientes, transferencias monetarias y la promoción del acceso a programas estatales de alimentación. En salud, se enfatizó la inclusión de personas refugiadas y migrantes en los sistemas públicos y seguros nacionales, y el fortalecimiento de la atención humanitaria en salud materno-infantil, salud mental, enfermedades crónicas y nutrición. En materia de protección, se priorizaron los servicios de asistencia legal para acceder a los procedimientos de asilo y regularización, el apoyo a la reunificación familiar y la gestión urgente de casos para aquellos en riesgo. En transporte humanitario, el énfasis son los traslados de corta distancia para facilitar el acceso a servicios esenciales y reducir riesgos.
Adicionalmente, se orientaron las intervenciones hacia áreas como integración económica, saneamiento e higiene, vivienda, apoyo a emprendimientos, acceso a empleo y medios de vida, comunicación con comunidades, respuesta a emergencias y atención a víctimas de trata y tráfico, así como de violencia basada en género y violencia contra niñas, mujeres y personas LGBTIQ+, asegurando un enfoque integral que atienda las múltiples necesidades de las poblaciones afectadas.
En las últimas semanas, las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) contra inmigrantes en Estados Unidos, impulsadas por una directiva del gobierno para aumentar arrestos hasta 3,000 diarios, han generado un clima de miedo y protestas, incluyendo manifestaciones masivas en Los Ángeles tras operativos donde agentes actuaron sin identificarse y con el rostro cubierto. Estas acciones, que incluyen operaciones en lugares sensibles como escuelas y hogares, han llevado a un aumento sin precedentes en detenciones, con más del 70 % de los detenidos sin antecedentes penales y el 93 % sin delitos violentos, contraviniendo la promesa de centrarse en criminales violentos.
El incremento en la actividad de ICE ha afectado gravemente a las comunidades migrantes, desincentivando el acceso a servicios esenciales y la cooperación con autoridades, además de erosionar la separación tradicional entre policía, ejército y agencia migratoria. Mientras tanto, un proyecto de ley en el Senado busca expandir aún más los recursos para ICE, a pesar de las críticas por priorizar la rapidez y objetivos políticos sobre el debido proceso y soluciones efectivas para la seguridad y el bienestar de las personas migrantes.
Perú acoge actualmente a cerca de 1.600.000 personas refugiadas y migrantes venezolanas, concentradas principalmente en Lima Metropolitana, la ciudad con mayor población venezolana fuera de Venezuela. Aunque el flujo migratorio venezolano ha disminuido en el último año y se ha registrado un aumento en la llegada de personas migrantes provenientes de Colombia y Cuba. Este cambio en la composición de la movilidad humana y el incremento de los flujos inversos ocurre en un contexto de creciente percepción negativa hacia la población refugiada y migrante. Pese a los estigmas, diversos estudios indican que la inseguridad en las zonas donde residen no está directamente relacionada con la migración. Sin embargo, se ha evidenciado un aumento en los casos de violencia contra esta población, muchos de los cuales permanecen impunes debido a las dificultades que enfrentan para regularizar su situación migratoria.
En este contexto, la entrada en vigor de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que refuerza el control estatal sobre la cooperación internacional, ha generado preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil. Esta normativa podría restringir su capacidad para acompañar casos que involucren a instituciones públicas, afectando tanto el alcance operativo como la independencia de sus intervenciones.
Adicionalmente, ante la reducción progresiva del ecosistema humanitario, se prevé que para mediados de 2025 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) concentre sus operaciones únicamente en Tumbes, Lima y Tacna.
Paralelamente, la participación de actores clave como el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) y la OIM ya ha disminuido en otras zonas del país.
A esto se suma el panorama político: en la antesala de las elecciones generales de abril de 2026, la migración se posiciona como un tema central en la agenda pública, con el riesgo de que los discursos antimigratorios sean utilizados como estrategia electoral, lo cual podría intensificar la fragilidad del entorno.